La jueza embarga las acciones de Garrido, lo que impide venderlas
03/18/2025 08:00 PM
El pasado martes se recibió en las oficinas del Club Deportivo Tenerife una notificación judicial por la que quedaban embargadas, de manera preventiva, un total de 100.000 acciones del empresario madrileño José Miguel Garrido, que pertenecen a sus sociedades Eolus Capital Ltd. y Only One Way. Esto conlleva que José Miguel Garrido no podrá vender sus acciones ni a Rayco García, con el que estaba en negociaciones, ni tampoco a ningún otro posible comprador que estuviera interesado en adquirir sus acciones, al menos de momento.
Eso sí, en futuras asambleas, el que fue máximo accionista podrá seguir ejerciendo su derecho a voto o convocar una junta general o promover una ampliación de capital, pese a que las acciones han sido retenidas por el juzgado.
Por otra parte, el empresario madrileño ha sido citado a declarar como investigado por la jueza del caso en el próximo mes de mayo.
Los hechos
Como adelantó en primicia DIARIO DE AVISOS, un importante inversor británico otorgó en septiembre del año pasado, inicialmente en una notaría de Santa Cruz de Tenerife y, a continuación, en un juzgado del municipio de Arona, un poder especial para interponer una querella criminal contra el que, en aquel momento, era el mayor accionista del Club Deportivo Tenerife, José Miguel Garrido, por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y estafa, en relación a una operación de compraventa del 10% del accionariado de la entidad blanquiazul hace más de un año. Una venta de la que Garrido no dio cuenta en su totalidad ni al consejo de administración ni a los socios del club que conformaban el pacto sindicado que permitía la gobernanza del representativo tinerfeño.
Esta transacción habría tenido lugar en agosto de 2023 a través de un documento contractual entre José Miguel Garrido y el referido inversor inglés, por un importe total de 3,5 millones de euros, de los que el accionista mayoritario en aquel momento del club percibió, en concepto de adelanto, la cantidad de un millón de euros. Esta transacción se llevó a cabo teniendo como base la constitución de una garantía pignoraticia especial por parte de José Miguel Garrido vinculada a su paquete de acciones.
El inversor británico contrastó fehacientemente que la supuesta garantía notarial, emitida y aparentemente protocolizada ante notario en la capital tinerfeña, era "absolutamente falsa" y no fue comunicada oficialmente por parte del principal accionista ni al consejo de administración de la entidad ni a la junta general de accionistas del club. Ello implicó irregularidades que no sólo contravenían la legislación vigente, sino también lo que, por otra parte, contemplaba el restrictivo pacto privado de socios, suscrito entre el empresario madrileño José Miguel Garrido y los principales accionistas mayoritarios del CD Tenerife, los empresarios Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado Bacallado.
