Querella contra Santiago Pozas, director general y consejero del CD Tenerife por supuestos delitos societarios y estafa
Ayer a las 07:00 PM
Los escándalos en torno a la gestión de José Miguel Garrido, el empresario madrileño afincado en Londres y máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, se multiplican. Ésta ha sido la semana horribilis del año en la entidad, en la que DIARIO DE AVISOS, adelantó en exclusiva la venta de un importante paquete de acciones del 10 por ciento del Club por parte de Garrido a un inversor inglés hace un año, transacción que al parecer se mantuvo oculta, y que finalmente derivó en la interposición de una querella criminal presentada en la mañana del pasado jueves en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife por parte del inversor británico, que afirmó en declaraciones a este periódico, haber sido objeto de una estafa millonaria por parte de garrido, además de haber detectado en el proceso, una grosera falsificación de documentos públicos que implicaría pena de prisión para el mandatario del representativo tinerfeño en la liga española de futbol.
Según confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS el portavoz de una amplia representación de accionistas minoritarios (no integrados en el pacto societario que gobierna actualmente el club, sostenido por el propio José Miguel Garrido y los empresarios Amid Achi, Conrado Bacallado y Miguel Concepción), ya han establecido contacto con el inversor británico y su equipo de letrados en Reino Unido y España con la finalidad de presentar una nueva querella criminal contra el director general del club y también miembro del consejo de administración, Santiago Pozas. Según se desprende de la gran cantidad de pruebas aportadas por el inversionista británico, supuestamente objeto de estafa por parte de José Miguel Garrido, los delitos penales denunciados esta semana en la jurisdicción de Santa Cruz de Tenerife también afectan de lleno a Santiago Pozas, por un supuesto encubrimiento de la presunta estafa urdida por Garrido, y por su posible colaboración necesaria para que las acciones adquiridas por éste no fuesen inscritas en el libro de registro de la entidad, con la salvedad de que sobre estos títulos incurría una garantía pignoraticia en favor del acreedor (inversor británico), como así establece tácitamente el estatuto social del club.
La querella presentada esta semana contra José Miguel Garrido, también se hace extensiva a las sociedades de su propiedad, Eolus Capital Limited, radicada en el Reino Unido y la mercantil española, Only One Way, S.L., de la cual es administrador único su hermano, y en la que curiosamente figura como apoderado, Santiago Pozas Arjona (Sevilla, 1962) que en la actualidad se sienta en el consejo de administración del Club y ejerce también como director general de la entidad, por imposición del principal accionista del Tenerife.
Los delitos que fundamentan la querella, como ya ha desveledo DIARIO DE AVISOS, están relacionados con la compraventa del 10 por ciento de las acciones del Club Deportivo Tenerife por un importe de 3,5 millones de euros, de los cuales, el inversor británico abonó a Garrido un millón de euros en concepto de adelanto. En el mismo acto de la compraventa, se firmó un acuerdo en escritura pública ante el mismo notario, por el que el inversor inglés sindicaba las acciones adquiridas en favor de la sociedad Eolus Capital Ltd, propiedad de José Miguel Garrido.
En dicha escritura de compraventa, además, se recogía expresamente que el querellado debía otorgar en documento notarial aparte, garantía pignoraticia sobre 10.388 acciones del Club Deportivo Tenerife. Según ha manifestado a este periódico el propio inversor inglés, el mismo decidió aceptar de buena fe la propuesta de Garrido de proceder con ese documento en un plazo máximo de 48 horas. Finalmente, José Miguel Garrido dio traslado al inversor, un mes más tarde, de una escritura unilateral de prenda que según recoge el texto de la querella "resultó ser una grosera falsificación de un documento notarial, cuya lectura no tiene desperdicio". En dicho documento con apariencia de escritura pública no figuraría el obligado número de protocolo pero se insistiría reiteradamente en la intervención del notario en dicho acto "lo que resulta absolutamente falso", según la querella.
Cuando el inversor británico recibe este supuesto ejemplar de escritura pública de prenda, por su desconocimiento del idioma y de los formatos notariales en España, no percibe los detalles de la falsificación y queda pendiente de la ampliación de capital del club, que finalmente fue aprobada por la Junta General de accionistas el 12 de diciembre de 2023. El inversor británico jamás sospechó que el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife pudiese acometer un supuesto engaño de esta magnitud.
Delito de Estafa
En virtud de la fraudulenta escritura de prenda sobre 10.388 acciones, el inversor británico, habría quedado a la espera de acudir, tal y como contempla el artículo 13 de los estatutos sociales del club, al proceso de ampliación de capital, y suscribir acciones con cargo a las mismas, por ser el acreedor pignoraticio el titular de dicho derecho. Ello le hubiera permitido suscribir más de 35.000 nuevas acciones del Club.
La agrupación de accionistas minoritarios del Club que actualmente no participa de la gestión del Tenerife, el pasado viernes, fecha en que este periódico informo pormenorizadamente de la presentación de la querella y su extenso contenido, ha puesto en manos de un prestigioso despacho de abogados de Santa Cruz de Tenerife, la información desvelada en primicia por DIARIO DE AVISOS. Según ha confirmado el propio inversor británico, en la mañana de ayer sábado autorizó a sus asesores legales en España a dar traslado de la documentación que obra en su poder al despacho de abogados que representa este conjunto de accionistas minoritarios con la finalidad de personarse en la causa, una vez esta sea formalmente admitida por el juzgado de instrucción correspondiente, así como otros documentos complementarios que contribuirán a articular la querella que ya preparan contra Santiago Pozas. Con independencia de la presentación de la nueva querella, prevista para la próxima semana, este grupo de accionistas ha confirmado a este periódico su intención de incorporarse también como acusación particular a la querella criminal incoada contra José Miguel Garrido, una vez resulte admitida a trámite y se inicie el proceso de instrucción. Este acto es independiente de la acusación que también podría adoptar el Ministerio Fiscal. El representante de esta agrupación, declaró a DIARIO DE AVISOS que las primeras valoraciones jurídicas de la querella presentada el jueves, hacen suponer que Santiago Pozas, será llamado a declarar en el momento procesal oportuno en calidad de imputado. Según afirma el portavoz de los accionistas minoritarios, "esta circunstancia no sería óbice, para que nosotros continuemos adelante con nuestra propia querella".
Por otra parte, una tercera querella en ciernes podría estar gestándose por parte del notario cuyos protocolos de escritura pública supuestamente habrían sido falsificados por José Miguel Garrido, según ha podido confirmar DIARIO DE AVISOS en fuentes próximas al fedatario público. El notario está a la espera de conocer, bien por la vía judicial, o a través del propio afectado (querellante), los detalles exactos de la supuesta falsificación o suplantación de documentos públicos correspondientes a su negociado para iniciar las acciones legales que procedan.
Dejación de funciones
Esta agrupación de accionistas minoritarios, mantiene que Santiago Pozas, permitió como director general del CD Tenerife que José Miguel Garrido acudiese a la ampliación de capital, como titular del conjunto de acciones sindicadas, pretendiendo ostentar la totalidad de los derechos sobre el diez por ciento de títulos que vendió en una compra-venta aplazada en agosto de 2023 al citado inversor británico, contraviniendo de manera flagrante los acuerdos de la Junta General de accionistas en la que el mismo participó y votó afirmativamente, y en la que se estipula expresamente, que el derecho de acudir a la ampliación de capital de las acciones en prenda, correspondía exclusivamente a los acreedores pignoraticios de dichos títulos, es decir, en el caso que nos ocupa, este derecho pertenecía únicamente al inversor británico.
A juicio de la agrupación de accionistas minoritarios, se podría haber producido una clara dejación de funciones de Santiago Pozas, e incluso, convertirse en un colaborador necesario en el supuesto delito de estafa, al permitir que Garrido acudiese a una ampliación de capital con unas acciones, cuyos derechos ya no le pertenecían, además de otros delitos societarios, al ser miembro del consejo de administración de la sociedad. En este caso, se da la circunstancia que este tipo de delitos dolosos, podrían ser atribuibles a Santiago Pozas, porque solo los pueden cometer los administradores de hecho o de derecho de una sociedad.
No se informó al club
Los derechos adquiridos por parte del nuevo accionista (el inversor británico) se vieron claramente cercenados, lo que imposibilitó su participación en el proceso de la ampliación de capital, al no constar en el libro de registro de acciones del club la escritura de pignoración de títulos, ya que por razones obvias, Garrido no podía presentar el supuesto documento falso que había hecho llegar pocos meses antes al inversor.
A juicio de la agrupación de accionistas minoritarios, resulta 'absolutamente sospechoso y muy confuso' que Santiago Pozas, la persona de máxima confianza de José Miguel Garrido, y que curiosamente, es el apoderado de la empresa de su propiedad, Only One Way, S.L, tenedora de uno de los paquetes accionariales más importantes con los que Garrido participa en el Club, no tuviese constancia de la venta de acciones al inversionista inglés y de su prenda pignoraticia. Como director general de la entidad, su obligación era registrar en el libro de accionistas que dicho paquete de participaciones, tal y como contempla el artículo 13 de los estatutos sociales, quedaba sujeto a los derechos del acreedor pignoraticio de dichos títulos, es decir, este derecho correspondía únicamente al inversor británico. Esta dejación de sus funciones, también implicaría la posible comisión de delitos penales igualmente flagrantes.
Investigación de los contratos
Esta agrupación de accionistas minoritarios, también ha cursado instrucciones a sus representantes legales con la finalidad de exigir al presidente de la entidad, Paulino Rivero, un informe detallado de la totalidad de contratos firmados por Santiago Pozas en su condición de director general del Club. Los accionistas que se agrupan en esta acción, consideran que el máximo órgano de gobierno de la entidad, dispone de argumentos muy relevantes para cesar fulminantemente a Santiago Pozas como directivo y consejero.
Así mismo, la agrupación pide que se investiguen los últimos contratos de incorporación y traspaso de jugadores a la plantilla del club, al igual que hacen especial hincapié en la precipitada y extraña adjudicación por diez años del servicio de catering en los palcos del Heliodoro Rodríguez López, promovida y firmada personalmente por Santiago Pozas como director general en favor de una empresa radicada en la península, en detrimento de las firmas locales que aspiraban a esa prestación de servicios.
